Identificar incorrectamente a los infractores en materia de tráfico puede resultar caro: 60.000 euros de multa
Se cometían infracciones de tráfico, y a la hora de identificar al conductor en el momento de la infracción, facilitaba los datos de otra persona, siempre la misma.
Hasta en 10 ocasiones identificó al conductor inocente. Ahora ha sido condenado a una multa de 60.000 euros.
Este es un ejemplo más de que los tentáculos de la normativa sobre protección de datos pueden extenderse a casi cualquier circunstancia de nuestra vida, pues, aunque no seamos conscientes de ello, estamos tratando datos personales constantemente.
La Resolución Sancionadora que comentamos es perfecta para ilustrar unos de los principios básicos en el Derecho Fundamental a la Protección de Datos: el principio de calidad de datos.
¿Qué significa el principio de calidad de datos?
Este principio consta de tres vertientes, pero la que interesa ahora es la que recoge el artículo 4.3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que dice así:
“Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado”
Esto parece una tontería, pero tan importante es obtener el consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando es necesario, como que mantengamos esos datos actualizados.
En otras palabras, la LOPD nos obliga a que los datos que obren en nuestros ficheros estén actualizados y sean exactos.
Precisado esto, vayamos al caso concreto.
Tenemos por un lado a Securitas Direct que alquila coches a Bansalease, que es una entidad del Banco Santander dedicada al leasing y renting, en nuestro caso, de vehículos.
Cuando se comete una infracción de tráfico con uno de estos coches de renting, se supone que Bansalease debe preguntar a Securitas Direct el conductor concreto que conducía en ese momento, para a su vez pasarle dicha información a la autoridad competente. Esto es similar a cuando cometemos una infracción de tráfico y no nos paran sobre la marcha: le llegará una notificación al titular del vehículo implicado para que identifique al conductor infractor.
Según se desprende de los hechos, la víctima estuvo trabajando para Securitas Direct durante un tiempo, conduciendo el vehículo implicado. En una ocasión cometió una infracción de tráfico y Securitas Direct le comunicó a Bansalease sus datos como es debido.
Bansalease entonces añadió a este señor como conductor habitual de ese vehículo, y cada vez que se cometía una infracción con ese coche se la imputaban directamente, sin preguntar a Securitas Direct.
Y sucedió que este señor dejó de trabajar para Securitas Direct pero Bansalease siguió identificándolo como infractor.
Como veis, el problema era que el dato que tenía Bansalease sobre este conductor estaba obsoleto, desactualizado, pero siguieron tratándolo sin la debida diligencia exigible en estos casos.
La Agencia Española de Protección de Datos cita un pronunciamiento de la Audiencia Nacional en un caso similar:
“El principio de veracidad o exactitud tiene gran relevancia, en cuanto no sólo resulta necesario que los datos se recojan para su tratamiento de acuerdo con una serie de criterios (principio de proporcionalidad) y que los mismos se empleen para finalidades compatibles a las que motivaron la recogida (principio de finalidad), sino que también exige que quien recoge y trata datos de carácter personal garantice y proteja que la información sometida a tratamiento sea inexacta y esté puesta al día.
El incumplimiento o vulneración del principio de veracidad puede tener importantes consecuencias para el afectado, como ocurre en el caso enjuiciado, en el que se han incoado indebidamente al denunciante hasta siete procedimientos sancionadores por infracciones de tráfico por parte del Ayuntamiento de Madrid…
…el hecho imputado consiste en asociar un nombre y apellidos con un vehículo determinado, con el que se habían cometido determinadas infracciones de tráfico, y tal asociación de datos de carácter personal era claramente inexacta como el propio recurrente reconoce, ya que la persona a la que corresponden el nombre y apellidos facilitados al Ayuntamiento no era conductora de tal vehículo…”
¿Tenía obligación Bansalease de vigilar que la información que facilitaba a la autoridad competente en relación a las infracciones de tráfico era correcta? SÍ
¿Lo hizo mediando dolo? NO (parece que no).
¿Es necesario que exista dolo para que se aplique el régimen sancionador? NO. La acción u omisión, calificada de infracción sancionable administrativamente, ha de ser, en todo caso, imputable a su autor, por dolo o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable.
Es preciso recordar que el Tribunal Supremo viene entendiendo que existe imprudencia siempre que se desatiende un deber legal de cuidado, es decir, cuando el sujeto infractor (Bansalease) no se comporta con la diligencia exigible (verificar si es actual esa información). Diligencia cuyo grado de exigencia se determinará en atención a las circunstancias concurrentes, tales como el especial valor del bien jurídico protegido o la profesionalidad exigible al infractor.
De esta forma la Agencia Española de Protección de Datos concluye así:
“Por tanto, BANSALEASE incumplió el mandato legal de que los datos respondan con exactitud a la situación real del denunciante, vulnerado el principio de calidad de datos, un pilar básico de la normativa de protección de datos de carácter personal, consagrado en el artículo 4 de la LOPD, y es responsable de que se comunicaran datos inexactos del denunciante a la Diputación de Tarragona. Tales hechos constituyen una vulneración de lo dispuesto en el artículo 4.3 de la LOPD.”
La sanción en estos casos es una multa entre 60.000 y 300.000 euros. La Agencia lo deja en 60.000 euros.
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